Fin del caso del oficio…

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Hace años escuché de un notable abogado este dicho: “para las leyes se hicieron las muelles”. Lo que el jurista quería decir es que cuando las leyes no se ajustan a los intereses de quien tiene poder (económico, político, administrativo), hay otras leyes que podríamos llamar “menores” o de menor rango (usualmente códigos y reglamentos) que se pueden usar para “torcer” la ley a favor de quien tenga la capacidad de pagar por dicho servicio .

Un ejemplo típico de esto es el delito de homicidio. Para el ciudadano común, homicidio significa asesinato, es decir que alguien inflinge daño físico a otra persona, suficiente para matarlo (p. ej. acuchillarlo, envenenarlo, balacearlo, asfixiarlo, aplastarle la cabeza con un yunque, etc.). Cualquiera pensaría que si el asesino es cachado in fraganti (con las manos en la masa), el sistema de justicia no tendrá problema en aplicarle todo el peso de la ley.

Si usted, estimado lector-paciente de Terapia Académica, es de los que piensan que lo anterior es correcto, lamento informarle que está en un craso error. Porque la justicia (o sea el aparato jurídico-legal) no opera con la misma lógica y racionalidad que el común de la gente. Según los juristas, se puede acusar y condenar a alguien por homicidio si y sólo si se demuestra intencionalidad. Es decir, si un policía agarra al “homicida” en el momento en que deja caer un yunque sobre la cabeza de la víctima, incluso si le saca una foto en ese momento, eso no es prueba suficiente de que sea un homicida. La parte acusadora necesita demostrar que el que dejó caer el yunque tenía la intención de matar al hoy occiso. O sea, pudo haber soltado 50 kilos de acero sobre el cráneo del occiso, pero no con la intención de matarlo, sino con la intención de que se lo detuviera un ratito (“¿me detienes este yunque con tu oreja, por favor?”). Por supuesto, el destino del indiciado (el sospechoso) depende por entero de su poder adquisitivo. Si vive en Interlomas en un edificio inteligente y la policía encuentra a su hija muerta debajo del colchón, se le aplicará el principio anterior (“le dije ‘espérame ahí mientras tiendo la cama’, pero no tenía la intención de matarla”); pero si su nivel de ingresos le da apenas para medio vivir en una colonia proletaria, lo más probable es que el Ministerio Público le lea el pensamiento y tome como prueba contundente “sus intenciones homicidas nítidamente grabadas en la frente”).

Bueno, esta parábola es para explicar en forma didáctica una realidad que impera hoy día en las universidades mexicanas, particularmente en la UNAM: “para las leyes se hicieron las muelles”. En este caso,  si la persona que participó en un “concurso abierto de oposición” decide no recoger (firmar de recibido) el oficio que dicta su sentencia  (“se le informa que no ganó la plaza, porque ésta ya tenía nombre”), el procedimiento administrativo se detiene, y la plaza no puede ser asignada al “ganador”. Ahora bien, como no hay en la legislación universitaria ningún artículo que obligue a los participantes en un concurso a recoger y firmar de recibido un oficio que básicamente significa “estoy de acuerdo y acepto este robo cometido contra mi y contra los demás concursantes externos”, el personal del departamento jurídico recurre a las famosas “muelles”. En el caso que aquí refiero (ver post anterior. “¿Debo recoger el oficio?”) lo que hicieron fue literalmente acosarme (con llamadas telefónicas, visitando mi domicilio particular sin ningún aviso previo, enviando mensajes y amenazas veladas con profesores que son amigos míos pero nada tienen qué ver con mis trámites, y enviándome otra clase de “avisos”). Entonces, lo que ocurrió hace unos cuantos días fue que recibí un email donde se me informaba que tenía que ir a firmar el kardex, de lo contrario se me levantaría un acta por inasistencias (por supuesto no tengo inasistencias, pues trabajo en el sistema a distancia, el cual supone no asistir, pero aún así, voy de vez en cuando a firmar el dichoso kardex). Pues acudí a firmar el kardex, y al estar ahi en el pasillo, preguntando algo a un empleado, se aparece un señor con unos papeles en la mano, le pregunta al empleado por mi (dice mi nombre completo), yo contesto: “soy yo”, y el hombre se presenta: “soy la persona que fue a su casa, y tengo aquí un oficio que necesito que me firme de recibido”, y al decir esto me extiende una hoja (estábamos parados a medio pasillo, y yo estaba en otra cosa, con otra persona). “Supongo que sabe de qué se trata”, me dice, mientras tomo la hoja. “No”, contesto, “¿quién es usted y qué cargo tiene?”, le digo. “Soy el Lic. Fulano de Tal del área jurídica”, señala. Veo brevemente el documento y se lo devuelvo: “necesito ir a la dirección para ver esto”. En ese momento, como surgida del suelo, aparece una mujer a su lado, vestida muy formalmente y de rostro completamente inexpresivo, como un maniquí. Entonces el hombre alza la voz y dice: “bueno, yo ya cumplí con mi tarea de notificarle, y aquí hay testigos (la mujer y el empleado que estaba conmigo y que nada tenía qué ver) de que usted no quiso recibir: la Licenciada Fulana y el Señor Mengano, además de todos los que están aqui en este pasillo”. Dicho esto, el hombre tomó la hoja, las guardó en su folder y se retiró.

No hace falta tener un título de abogado para saber que el siguiente movimiento para consumar el fraude académico (me refiero al fraude que son estos “concursos abiertos de oposición”) es que “el Jurídico” levantará un acta, firmada por los “testigos” y en la que se haga constar que estoy enterado del contenido del oficio que no quise recoger. Entonces, esa acta pasará a completar el expediente necesario para asignar la plaza al concursante “ganador” (la persona a la que la comisión dictaminadora calificó con 10 en todos los rubros que se evalúan: docencia, formación, investigación, etc.).

En fin, un procedimiento que a juicio de varios profesores con quien lo he comentado,  puede describirse como una  trampa, un método calculado para obtener una muelle que le de la vuelta a las leyes… pero claro, como dicen los abogados: “todo con estricto apego a la legalidad”.

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